Por Ángela Ferreira

En lo que va del año 2020, 11 niñas fueron asesinadas.  Femicidios infantiles, gran parte de ellos vinculados a abusos sexuales perpetrados por personas de su entorno familiar, educativo o comunitario, según datos de la Casa del Encuentro.

Eran niñas pequeñas, sus edades oscilaban entre los 1 y los 9 años, fueron violentadas desde muy chiquitas y esos femicidios nos duelen.

Fue doloroso recorrer los informes con los nombres, edades y la historia de cada una de estas niñas que murieron porque vivimos en una sociedad patriarcal que define que nuestras vidas valen menos, que nuestros cuerpos son objeto de consumo y tierra de conquista.

El pasado día de la madre (18 de octubre) celebraba feliz con afectos y regalos hasta prender la televisión. Encontrarme con la noticia de una madre en el barrio de Villa Muñecas de Tucumán que buscaba desesperada a su pequeña de 9 años que había desaparecido. Vi esa desesperación, el dolor de esa familia y el desenlace fue el peor posible. En el día de la madre.

Abigail tenía 9 años y fue secuestrada, abusada y asesinada como Micaela García por un hijo del patriarcado que debía estar detenido por tener otras denuncias por abuso sexual, así como Sebastián Wagner (femicida de Micaela García).  

La clave de la diferencia entre la vida o la muerte de éstas niñas, como la de Micaela García, fue  la decisión de un agente del Estado, un empleado público, como solemos decir, en éste caso, un juez, que decidió otorgar el beneficio de la libertad condicional a una persona con reiteradas denuncias por abuso sexual fundamentado en “la buena conducta”.

Una decisión, una decisión que careció de perspectiva de género.

Asimismo, aun se pueden observar resistencias frente a la real instrumentación tanto de la Ley Micaela como en la ley nacional de Educación Sexual Integral (ESI). Instrumentos que pueden trasformar el rumbo de las decisiones tomadas por quienes somos parte del Estado y sin lugar a dudas, determinante para salvar vidas, para transformar (a largo plazo con la capacitación permanente) los modos de intervención del Estado, sus políticas públicas y en definitiva al Estado mismo.

Para recuperar o refrescar, la “Ley Micaela” Nº 27.499 de Formación en Perspectiva de Género, establece la capacitación obligatoria en género y violencia para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Como lo dice en su escrito, busca deconstruir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas de cada cosa que hacemos, cada trámite, cada intervención, en definitiva, cada una de las políticas públicas de la que somos parte como funcionarixs del Estado. 

El Estado es responsable.  

El Estado tiene que ser garante de derechos y no revictimizar o perpetuar situaciones de violencias e injusticias. Sin embargo, las instituciones del Estado están integradas por personas del mismo medio social patriarcal que rige a la sociedad entera, están por lo tanto atravesados por el patriarcado.

Hoy día,  por suerte (dígase lucha feminista) comienza (paulatinamente) a instalarse en la agenda pública la importancia de tener perspectiva de género para gestionar o para ser parte del Estado como tener idoneidad, debido a la profunda necesidad de despatriarcalización, de la desconstrucción individual, personal y luego colectiva. Es que esta ley tiene un rol fundamental.

Recuperando los inicios de ésta nota, nos urge hacer ese paso de considerar la desigualdad como “dada” o “natural” a entender que la equidad es condición de ciudadanía, porque el dolor de esa madre apenas alcanzo a imaginarlo. No lo merece ninguna madre, menos en su día.

Abigail Presente, ahora y siempre.