El embarazo trae consigo muchas modificaciones fisiológicas y hormonales, entre las cuales se alteran diversos parámetros de la coagulación que hacen que el riesgo trombótico sea mayor, produciendo el 50% de los casos de abortos recurrentes, muerte intrauterina, desprendimientos de placenta, retardo del crecimiento fetal, preeclampsia y partos prematuros de bebés que – en muchos casos – no logran sobrevivir.

La trombofilia es una condición, hereditaria o adquirida, que determina que exista una mayor predisposición a formar coágulos (trombos).

En relación a ello un estudio realizado por la universidad Austral determinó que el 95% de los embarazos con diagnóstico y tratamiento llega a término, pero que sin diagnóstico se reduce a solo un 5%. Por eso es tan importante que el sistema de salud cubra el diagnostico temprano y el tratamiento de la trombosis.

Lamentablemente en nuestro país, en el sistema de salud pública, el acceso a un primer diagnóstico puede tardar por lo menos un mes y las obras sociales exigen al menos tres pérdidas gestacionales antes de autorizar la cobertura del análisis.

Argentina no reconoce actualmente a la trombofilia como una enfermedad, sino como una condición de la coagulación de la sangre, y recién cuando se produce la trombosis se la trata como enfermedad.

En 2017 el congreso aprobó casi por unanimidad una ley que incluía en el programa médico obligatorio (PMO) el análisis de sangre que diagnostica este trastorno, como una práctica rutinaria de control en las mujeres para su detección temprana. Además creaba un Programa Nacional para la investigación, diagnóstico y tratamiento en el marco del Ministerio de Salud.

Sancionada la Ley de trombofilia, Nº 27.335, el entonces Presidente Mauricio Macri vetó la misma, mediante el Decreto Nº 1.281.

En ese entonces Ianina Castro, de la organización Trombofilia y Embarazo, dijo en una nota a PáginaI12 que “las mujeres llegan al análisis después de la tercera o cuarta pérdida (embarazo), por un reactivo que cuesta 9000 pesos, realizado de forma privada. Cómo podemos comparar el costo de la vida con un reactivo (…) estamos hablando de un análisis de sangre, no de un estudio invasivo. Es decir, de un ayuno de ocho horas y una extracción de sangre cuyo resultado demora 15 días”.

En 2020 junto con el la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se aprobó otro proyecto conocido como Ley de “los primeros mil días”. Este programa hace referencia a la mujer embarazada con trombofilia, pero no trae innovaciones respecto a lo que prevé el actual protocolo médico.

Por eso, diferentes asociaciones de la sociedad, entre ellas La Asociación Civil de Trombofilia y Embarazo Argentina, piden la sanción de una nueva Ley que responda a las verdaderas necesidades de las personas gestantes en relación con la detección temprana y tratamiento de esta condición.

Ivana Araigo, actual presidenta de la Asociación, aseguró en una nota con TELAM: “Consideramos absolutamente necesaria una ley que contemple el diagnóstico precoz no solo en el embarazo sino una ley justa e igualitaria para evitar las muertes precoces de hombres y mujeres, de niños por nacer y por la salud de nuestros niños y niñas que pudieron haber heredado esta condición.”

Recientemente, en Octubre del corriente año, se presento un nuevo proyecto que esperamos ansiosxs sea tratado y aprobado.

La trombofilia es una deuda que esperamos sea saldada próximamente, ya que de ello depende la vida, y la calidad de vida de muches. Celebramos la iniciativa del proyecto.

¡QUE SEA LEY!